Ley Malvinas y Banco Central sin quórum en la Cámara de Diputados de la Nación

La Cámara de Diputados de la Nación sufrió este miércoles una caída en su convocatoria luego de que bloques opositores, entre ellos Provincias Unidas, dejaran al oficialismo sin la cantidad necesaria de legisladores para iniciar el debate. Ante la falta de quórum, Martín Menem debió levantar la reunión y el sector opositor festejó la situación dentro del recinto con cánticos.
Desde Unión por la Patria, la legisladora Julia Strada criticó duramente la iniciativa vinculada al Atlántico Sur a través de sus redes sociales. En la vereda opuesta, la diputada libertaria Karen Reichardt cuestionó a la oposición por impedir el tratamiento de las normativas y sostuvo que la soberanía nacional se demuestra con hechos concretos y no mediante discursos parlamentarios.
El temario previsto para la jornada incluía además la transferencia de competencias judiciales a la Ciudad de Buenos Aires para casos de menores y delitos contra la integridad sexual, un acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio y una enmienda al Protocolo de Montevideo. El traspié legislativo afectó también los planes del asesor presidencial Santiago Caputo, impulsor de la propuesta de Defensa de la Soberanía Nacional.
El proyecto principal contemplaba sanciones económicas y penales, con penas de hasta 20 años de prisión, para quienes explotaran recursos naturales en la cuenca de Malvinas sin autorización argentina. Asimismo, establecía la creación de un Consejo de Seguridad Nacional presidido por el jefe de Estado y facultaba al Poder Ejecutivo a implementar medidas urgentes ante amenazas externas graves, puntos que generaron fuertes resistencias y reparos en la oposición.
Por otro lado, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central formaba parte central del debate legislativo. La administración de Javier Milei buscaba consagrar el principio de emisión cero, prohibiendo los adelantos transitorios al Tesoro, los préstamos provinciales y la compra de títulos públicos, tras aceptar los cambios introducidos previamente por el Senado respecto a las mayorías necesarias para remover a los directores del organismo.
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