El Senado aprobó la adhesión argentina al Tratado de Patentes tras casi treinta años de debate legislativo

El Senado convirtió en ley este jueves la incorporación de la Argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), tras cosechar 47 votos a favor y 22 en contra. De esta manera, se completó la sanción definitiva de un expediente que el Poder Ejecutivo había remitido al Congreso originalmente en 1997, durante la gestión de Carlos Menem, y que acumuló casi tres décadas de parálisis legislativa tras haber obtenido media sanción en la Cámara alta en 1998.
El proyecto fue reflotado a finales del año pasado por la administración de Javier Milei para dar cumplimiento a los compromisos asumidos dentro del acuerdo comercial firmado con Donald Trump. La iniciativa recibió el respaldo de los bloques aliados del oficialismo, mientras que el sector principal impulsor dentro de la estructura gubernamental fue el secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, dependiente del equipo de Federico Sturzenegger. Al término de la sesión nocturna, Cacace destacó en redes sociales que el país se convertirá en el Estado número 160 en sumarse a este convenio de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.
Durante el debate parlamentario, los legisladores del peronismo cuestionaron la medida al señalar que responde a exigencias directas de Washington y que perjudica a la industria nacional de medicamentos genéricos en favor de las multinacionales farmacéuticas. Desde la vereda opuesta, el oficialismo argumentó que la normativa otorga previsibilidad jurídica, dinamiza la economía del conocimiento y reduce los costos burocráticos para investigadores, universidades y pequeñas y medianas empresas locales al permitirles presentar una única solicitud con validez en múltiples países miembros.
El instrumento aprobado no genera de forma automática una patente internacional, sino que otorga a los inventores un plazo de hasta 30 meses para tramitar la protección en los distintos territorios, mientras que la decisión final continúa bajo la órbita del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI). No obstante, el tramo más álgido de la discusión giró en torno al Capítulo II vinculado al examen preliminar, el cual motivó que los laboratorios nacionales nucleados en CILFA exigieran una reserva formal para evitar presiones externas sobre el organismo regulador.
Pese a los reclamos de la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales y de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, que presionaron para aprobar el texto original sin modificaciones, el Congreso avaló la iniciativa incluyendo la reserva contemplada en el artículo 64 del tratado. El resultado final dejó conformada una normativa mixta en la que el gobierno estadounidense obtuvo la ratificación formal esperada, al tiempo que la industria farmacéutica local logró blindar el examen preliminar para resguardar la producción nacional de medicamentos accesibles.
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